Aún conmocionado por el duro despertar, no me siento todavía con ánimos de escribir sobre lo reveladora que está resultando la llamada "crisis" --que es otra cosa, y de mucho mayor alcance-- por lo cual me remito a un artículo de Rafael Chirbes, publicado en el diario Frankfurter Allgemeine, que viene a explicar --parte-- de lo que uno va vislumbrando.
Rafael Chirbes es un veterano periodista que se ha convertido en uno de los mejores escritores españoles contemporáneos, con novelas como Mimoun (premio Herralde) o La larga marcha. Conocí al valenciano Chirbes hace unos cuantos años en Madrid, cuando trataron de convencernos para que ambos nos convirtiésemos en subdirectores del semanario Gaceta Ilustrada y afortunadamente no nos convencieron.
A la mesa con los caníbales, por Rafael Chirbes
El miércoles 12 de mayo, José Luis
Rodríguez Zapatero anunciaba en el Parlamento español una serie de
medidas anticrisis que incluían: congelación de las pensiones de los
jubilados, bajada de salarios a los funcionarios, restricciones en los
pagos de las ayudas a ancianos y enfermos, y en el uso de los
medicamentos; y el fin de su oferta estrella de las elecciones: el
cheque-bebé (una medida por la cual quien engendrara un hijo o lo
adoptara, fuese cual fuese su salario o posición económica, recibiría
automáticamente un aguinaldo de dos mil quinientos euros). Como colofón,
auguró también el presidente un notable recorte de las inversiones en
obra pública, y –esto ya fuera de discurso- filtró a la prensa la
caducidad de los cuatrocientos euros mensuales que el Estado concede a
los parados de largo alcance. En cinco minutos, dinamitaba su retórica
de presidente de los derechos sociales. Apartaba de un manotazo a los
caníbales del liberalismo, y se sentaba él a la mesa para comerse a los
débiles con un apetito más que notable.
Una semana antes, había declarado que
jamás tomaría ninguna medida que implicara recortes sociales. "Por
razones ideológicas", dijo. Pero, la ideología es una materia
moldeable, y, entre tanto, había viajado a Bruselas y se había
encontrado con las larguísimas caras de los jefes de Estado y de
Gobierno del Eurogrupo que le habían dicho que se buscara otra nueva
retórica (el lenguaje que entiende el mercado) y que, a partir de ese
instante, la economía de su país ya no iba a dirigirla él, porque había
mostrado una incapacidad manifiesta. El propio Obama le telefoneó unas
horas antes de su intervención parlamentaria, al parecer preocupado por
la situación española. Desde ambas orillas del océano, se nos enviaba a
los españoles el mensaje de que no somos un país soberano, sino
intervenido; que somos algo parecido a lo que fue Marruecos para España
a principios del pasado siglo: un protectorado (nos lo temíamos desde
el mismo día que entramos en el euro; o aún antes, cuando empezó a
llegarnos una lluvia de millones para que desmantelásemos nuestra
modesta economía productiva). El presidente que, hace tres años, se
preció de haber adelantado en PIB a Italia y amenazaba a Sarkozy con
que pronto dejaría a sus espaldas a Francia, se tragaba amargamente sus
palabras. No le quedaba más remedio que acudir al parlamento español a
dar cuenta de la nueva situación en esa lengua comprensible para los
mercados: como han dicho algunos periódicos, se hacía su propia
enmienda a la totalidad, o lo que, en la mecánica parlamentaria
española, se llama su propia moción de censura. Mientras hablaba, tenía
la triste cara de los suicidas.
En pocos minutos se venía abajo todo
el armazón ideológico sobre el que se ha sostenido durante seis años
esta variante contemporánea de la socialdemocracia, que se ha creído a salvo de los avatares económicos, gracias a
una estrategia por la cual los problemas de la vida cotidiana se
retiran de la escena pública y son sustituidos –en una cuidada
estrategia- por la juguetería de lo que algunos
han definido como Cultural War: es decir, por la puesta
en primer plano de conflictos más o menos intrascendentes, amortizados,
silenciados u olvidados, y cuya dramática escenificación le ha
servido para mantener la ficción de una política progresista; de que
hay una diferencia esencial entre democristianos y socialdemócratas,
obviando que el meollo del progresismo tiene que ver, sobre todo, con
la forma en que uno se gana el pan de cada día (y si puede ganárselo o
no), y con la estrategia con que se reparte la gran tarta nacional entre
los ciudadanos. El prestidigitador Zapatero ha conseguido ocultar
durante años esa primacía de lo económico, gracias a que, en España, la
lista de conflictos que pueden extraerse de la guardarropía y sacarse a
escena es numerosa: clericales contra laicos; abortistas contra
antiabortistas; españolistas contra nacionalistas; defensores de la
negociación con ETA y partidarios de la mano dura; ecologistas contra
negacionistas; partidarios de los trasvases de agua contra partidarios
del caudal natural de los ríos; machistas contra feministas y
homófobos; e incluso, y sobre todo -sí, setenta años después-, herederos
de las víctimas de la guerra civil contra herederos del franquismo. Si
a ello añadimos el manejo político de los tiempos judiciales en los
escándalos de corrupción que afectan al partido de la oposición, el
despacho en el Palacio de la Moncloa parecía asegurado durante unos
cuantos años. Como le dijo Zapatero en vísperas electorales a un
locutor amigo, y recogió un micrófono indiscreto: "A nosotros nos
conviene tensionar". Según los cálculos del líder socialdemócrata, en
medio de este agitado guirigay nacional, podía seguir caminando sobre
las turbias aguas de la economía sin mojarse ni las zapatillas: sólo
faltaba que Europa se recuperase en un par de años, es decir, en
vísperas de las próximas elecciones españolas: el tapón español
flotaría de nuevo sobre el mar de riqueza continental y él podría
seguir presentándose como adalid del progresismo.
De hecho, desde que se inició la
crisis, el enredo ideológico ha permitido que los sindicalistas hayan
seguido haciéndose enternecedoras fotos con el presidente del gobierno
mientras las cifras oficiales hablan de cuatro millones seiscientos mil
parados, y las reales superan con creces los cinco millones. Los
líderes sindicales han apoyado sin fisuras a un gobierno cuyas únicas
medidas anticrisis se han sustanciado en la concesión de ayudas a las
empresas automovilísticas y en una entrega de decenas de miles de
millones a la banca, ejecutada sin ningún control, con la excusa
ideológica de que esos millones iban a servir para que las entidades
dieran créditos a las familias y a los pequeños empresarios en apuros.
Pero la banca, entre tanto, se ha dedicado a comprar firmas
extranjeras, a conceder jubilaciones fastuosas a sus directivos y a
mostrar unas brillantes cuentas de resultados fin de ejercicio. Los
sindicatos (engrasados con donaciones multimillonarias) no han movido
un dedo por los que veían desaparecer sus puestos de trabajo, los que
perdían sus pisos y los que tenían que cerrar sus empresas. Durante los
últimos meses, la única batalla sindical visible –siguiendo la
estrategia del gobierno- ha sido la defensa de
un juez que lleva veinticinco años intrigando en política. Zapatero y
su ministra de economía han podido presumir ante la oposición de paz
social en esa línea postmarxista de que la socialdemocracia es la mejor
gestora del capitalismo, y que, por lo demás, cuenta con tan buena
tradición en España: en los ochenta fue el gobierno del socialdemócrata
Felipe González el encargado de llevar adelante la durísima
reconversión industrial que solicitaba el implacable capitalismo
europeo; de multiplicar los despidos empresariales hasta elevar el paro
a tasas antes nunca imaginadas, de domesticar a varazos a los
sindicatos, y de meter al país en la OTAN.
Zapatero ha estado trabajando en
sordina a favor de la gran banca y de los especuladores a los que de
cara a la galería ataca con demagogia populista: Las vicepresidentas
del gobierno (hay dos) llegaron a amenazar con llevar a la cárcel a
quien difundiera bulos acerca de la crisis para beneficiarse. Al
parecer, acababan de descubrir que la esencia del capitalismo es la
especulación: comprar barato y vender caro. Palabrería. En sus
actuaciones, ni una sola referencia a tocar el estatus de unos bancos
que, según leo en la prensa, son las entidades europeas que más cobran a
sus clientes por servicios y las que menos pagan por rendimientos;
bajo su mandato, se ha suprimido el impuesto de patrimonio y no se han
gravado los bienes suntuarios, tampoco se ha mirado hacia las
sociedades de inversión, esos refugios de grandes fortunas que se
conocen con el nombre de SICAV, Sociedades de
Inversión de Capital Variable, escondites financieros, para entrar en
los cuales hay que contar con un mínimo de 2.300.000 euros, y que
cotizan al uno por ciento. El discurso del 12 de mayo, levanta el telón
de la retórica y, en escena, aparece la amarga realidad.
El excitante ajetreo del dinero. Bambi (así se le conoce a Zapatero,
por su discurso buenista) tiene agudos colmillos con los que da
dentelladas, incluso a sus ingenuos votantes. Empiezan a oírse las
voces de altos cargos del partido socialista que ven su sillón en
peligro: no se quejan de que el presidente sea injusto al tomar estas
medidas, sino de que los deja sin discurso político ante la derecha.
Quieren otro guión que sirva para echar de nuevo la manta por encima de
la realidad. Y él mismo ha creído necesario anunciar precipitadamente
que pronto llegarán impuestos que gravarán a los que más tienen: a la
banca, a la Iglesia, a los ricos (se les llena la boca, salivan al
decir la banca, los ricos, la iglesia: ). La batidora populista vuelve a
girar. A lo mejor queda alguien que se crea algo. No lo sé.
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